18.09.2012

La Comisión de la Unión Europea destinará 470.000 euros a la inserción de gitanos rumanos y búlgaros en Francia

Buena parte de los medios de comunicación social se han hecho eco de la noticia de que la Comisión Europea destinará 470.000 euros a proyectos de "villas de integración" en Lille y Lyon para dar alojamiento y ayudar a la reinserción de gitanos búlgaros y rumanos en Francia.

La mayoría de los beneficiarios serán gitanos expulsados de los campamentos desmantelados por el Gobierno galo este verano. La Comisión ha decidido prestar esta importante ayuda para asegurarse de que tanto el levantamiento de campamentos como las expulsiones incentivadas se hacen de acuerdo con el derecho europeo.

Bruselas ha valorado como "un gran paso adelante" el anuncio del Gobierno francés sobre la construcción de dos "villas para la integración" en Lille y Lyon para dar alojamiento alternativo a los gitanos que tuvieron que abandonar los campos. Al mismo tiempo el Gobierno francés decidió suavizar su presión sobre el colectivo gitano con la modificación de las medidas transitorias que limitan el acceso al mercado laboral a rumanos y búlgaros.

El primer ministro francés, Jean-Marc Ayrault, anunció estas medidas tras un encuentro con el colectivo Romeurope, impulsado con el objetivo de buscar "soluciones alternativas" a la precaria situación de los cerca de 15.000 gitanos que viven en el país galo procedentes de Rumanía y Bulgaria.

A pesar de todo, como es sobradamente conocido, ni se levantan todas las restricciones para trabajadores, de momento, ni tampoco se renuncia a las expulsiones y al desmantelamiento de campamentos, dos de las medidas más polémicas en Francia.

Nosotros, que desde Unión Romani alabamos y agradecemos lo que de positivo pueda tener el cambio de actitud del Gobierno del señor Hollande, queremos recordar y exigir el cumplimiento de la Ley Europea recogida en los Tratados: Para expulsar a un ciudadano comunitario de otro país de la Unión Europea, como es el caso de los rumanos y búlgaros, es necesario que el procedimiento no sea hacia un colectivo, sino "caso por caso", y que se demuestre que la persona no tiene recursos para mantenerse en el país.

 

Manuel García Rondón

Secretario General

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