28.02.2012 - REPÚBLICA CHECA

El Estado checo compensará las esterilizaciones forzosas

Entre unas 59 y 1.000 mujeres podrían ser indemnizadas por el Estado checo por haber sufrido esterilizaciones ilícitas. El Comité contra la Tortura, que redactó la moción para compensar a las mujeres, incluyó estas estimaciones en un informe revisado por la Agencia de Prensa Checa.

El Consejo de Derechos Humanos del Gobierno checo ha recomendado al Gobierno que compense a las mujeres cuya fertilidad fue sesgada de manera forzosa e ilícita. Todavía no se ha determinado la fecha en la que el Comité contra la Tortura, que forma parte del Consejo, debatirá el asunto. Decenas de mujeres, la mayoría gitanas, han recurrido a los tribunales y al defensor del pueblo checo durante los últimos años para denunciar su esterilización forzada.

El Consejo ha recomendado a los Ministros de Trabajo, Salud, Finanzas y Justicia que trabajen con el Comisario de Derechos Humanos para proponerle al Gobierno un modelo de compensación para finales del próximo año. El Comité realizó una propuesta de legislación similar a la utilizada para compensar a las víctimas del nazismo o a los perseguidos por oponer resistencia al régimen comunista. La Comisión especial nombrada por el Gobierno consta de un ginecólogo, un psicólogo y representantes de diversos ministerios que evalúan las solicitudes de mujeres que afirman haber sido esterilizadas por la fuerza. Las mujeres solicitantes deberán permitir que el equipo revise sus historiales médicos. Entonces será cuando la comisión decida si se debe otorgar una indemnización o no.

Un proceso similar se llevó a cabo en Suecia, donde 63.000 personas fueron sometidas a esterilizaciones forzadas entre 1935 y 1975, un 93% fueron mujeres y el 7% restante, varones. En la mayoría de los casos, un médico declaró que la persona era “retrasada ​​mental”. Sin embargo, en realidad, la fertilidad de estas personas era cesada, por razones eugenésicas o sociales, es decir, para “mejorar la raza”. Se demostró que al menos 10.000 de los casos eran dudosos; 2.067 víctimas solicitaron una indemnización.

El Comité basó en el caso de Suecia sus estimaciones sobre la cantidad de mujeres que debían ser indemnizadas. Según este, como mínimo, 59 mujeres podrían ser indemnizadas. La Fiscalía Suprema del Estado recibió 59 casos del Defensor del Pueblo para ser enjuiciados, pero optó por archivarlos, por falta de pruebas. La moción del Comité declara que la cifra máxima de víctimas podría ascender a 1.000. Por el momento, la Comisión ha propuesto importes de entre 300.000 y 400.000 coronas checas en concepto de indemnización para las víctimas, en función de la gravedad de los daños causados y del grado en que las regulaciones existentes fueron violadas. El informe del Comité estima que el Estado podría tener que pagar hasta 400 millones de coronas checas.

En 2006, el Comité propuso que las víctimas recibieran 175.000 coronas checas. Sin embargo, la Comisión afirma que “esa cantidad parece ahora demasiado baja”, en relación con el hecho de que  el año pasado varias mujeres esterilizadas de manera forzosa obtuvieron, en un acuerdo extrajudicial con los hospitales, 500.000 coronas checas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo otorgó recientemente una indemnización de 31.000 euros (el equivalente a unas 773.000 coronas checas) en un caso similar en Eslovaquia.

El Comité ha propuesto que se otorgue una indemnización a las mujeres que fueron sometidas a esterilizaciones forzadas entre enero de 1972 y mayo de 1991. Los reglamentos vigentes en aquella época permitieron que la cirugía se realizara “en interés de una población sana” y las autoridades animaron a las mujeres a someterse a la esterilización, ofreciéndoles 10.000 coronas checas. Las mujeres que fueron esterilizadas ilegalmente después de 1991 también tendrían derecho a una indemnización, en caso de que no hubieran podido interponer una demanda ante el tribunal civil en los tres años posteriores antes de que el hecho expirara. El Comité también propuso que el estado sufragara los honorarios del abogado de cualquier mujer que todavía pueda interponer una demanda ante los tribunales. Dichos costes podrían oscilar entre las 50.000 y 100.000 coronas checas por cada caso.

El European Roma Rights Center llamó la atención sobre el caso de las esterilizaciones forzadas, en especial de las mujeres gitanas, en el año 2004. Dos años después, el Comité propuso una indemnización. El Consejo de Derechos Humanos del Gobierno debatió por primera vez una moción sobre el tema en 2007. Dos años más tarde, el gabinete expresó su pesar por las esterilizaciones forzadas. Sin embargo, los Comités de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial y la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, han explicado al Gobierno checo que con una disculpa no hay suficiente.

El Comité afirma que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene pendientes otros tres casos contra la República Checa, en relación con las esterilizaciones forzadas que tuvieron lugar en 1997, 2001 y 2003. El ERRC ha documentado 27 casos de esterilización forzada que tuvieron lugar entre 1989 y 2007.

(Czech Press Agency)