| 1-15.01.2004
/ El pasado 28 de octubre, en un comunicado a la prensa, el gobierno
eslovaco dijo que no se había hallado ningún delito grave
durante una reciente investigación a gran escala realizada por
la policía y por inspectores de sanidad sobre esterilizaciones
forzosas a mujeres gitanas. ONGs e inspectores europeos lo recibieron
con una lluvia de protestas. Aunque el gobierno eslovaco dijo que el tema
“es un asunto cerrado”, las ONGs que defienden los derechos reproductivos
lo mantienen vivo. Tras realizar un viaje a Eslovaquia para reunirse con
inspectores, mujeres gitanas y grupos de apoyo a estas mujeres, el Comisario
de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Álvaro Gil-Robles, dijo
que este país debe asumir su “objetiva responsabilidad en este
caso por no haber hecho una legislación adecuada y por no haber
ejercido una supervisión apropiada de las prácticas de esterilización,
a pesar de que a lo largo de los años 90 y principios de 2000 se
hayan presentado acusaciones por esterilizaciones indebidas”.
En una entrevista del 4 de noviembre en ‘The Slovak Spectator’,
el Vicepresidente para la Integración y las Minorías, Pal
Csaky, dijo que “de ninguna manera podemos estar de acuerdo con tal afirmación”.
Aunque Gil-Robles presentó el testimonio de víctimas, Csaky
dijo: “En Eslovaquia no se realizaron esterilizaciones ilegales, así
que no hay nada que asumir ni tenemos que responsabilizarnos por algo
que nunca pasó. No hay motivo alguno para poner en duda los resultados
de la investigación”.
Prácticas ilegales
Gil-Robles señaló que la esterilización
no formaba parte de la política nacional, pero que aún así
el gobierno debía asumir la responsabilidad por los casos de prácticas
ilegales. El informe del Consejo de Europa –la declaración oficial
más dura realizada sobre este asunto hasta la fecha- comparte las
preocupaciones de un buen número de ONGs que en los últimos
años han hecho pública la práctica de esterilizaciones
involuntarias a gitanas eslovacas.
Aunque Gil-Robles advirtió que no había
llevado a cabo una investigación formal para esclarecer los hechos,
dijo que sobre la base de las reuniones que había tenido en Eslovaquia
“se puede dar por sentado que se han realizado esterilizaciones, especialmente
en el este de Eslovaquia, sin que las afectadas hubiesen sido informadas
para poder dar su consentimiento”, según el informe publicado en
la página web del Consejo de Europa. Este informe da validez a
las averiguaciones de un informe publicado a principios de este año
por el Centro para la Defensa de los Derechos de Reproducción (CRR),
cuya sede está en Nueva York, y el Centro para la Defensa de los
Derechos Humanos y Civiles (POLP) de Eslovaquia.
Un informe preparado por el CRR y el POLP, ‘Cuerpo y
Alma: La esterilización forzada y otros abusos a la libertad de
reproducción de las gitanas en Eslovaquia’, relata las historias
de mujeres que dijeron que no se les había dado la oportunidad
de tomar ninguna decisión meditada antes de ser esterilizadas,
a menudo bajo los efectos de la anestesia. Representantes de la sociedad
civil que se reunieron con Gil-Robles “corroboraron ampliamente” la información,
así como el informe publicado el año pasado por el European
Roma Rights Center en el que se citaba “un grave asunto de esterilizaciones
a mujeres gitanas, que tienen lugar con niveles inaceptables –y en muchos
casos incluso rudimentarios- de información para que estas mujeres
den su consentimiento”.
Gil-Robles dijo que también otras mujeres con
un nivel socioeconómico bajo habían sido víctimas
de esterilizaciones involuntarias. Aún sin ser una política
deliberada, Gil-Robles dijo que el gobierno eslovaco “nunca emitió
órdenes claras de que se detuviesen las prácticas que se
llevaron a cabo durante el anterior régimen”. El informe del Consejo
de Europa señala que las actitudes de los médicos, funcionarios
que trabajan en pésimas condiciones, a veces pueden ser paternalistas.
Proceso corrupto
En respuesta a los informes de las ONGs, la difusión
del tema por parte de los medios de comunicación, e incitado por
el Consejo de Europa, el gobierno eslovaco ordenó que la policía
y el Ministerio de Sanidad investigasen las operaciones realizadas, pero
no encontraron ningún hecho grave. “Todo el proceso fue corrupto”,
dijo Christina Zampas, consejera legal del CRR. La policía entró
en poblados gitanos, en muchos de los casos sin una notificación
previa, e interrogó por la fuerza a las mujeres, dijo Zampas. La
policía advirtió a las mujeres de que serían acusadas
por “difundir falsos rumores” si daban información falsa –delito
que podría tener una pena de uno a tres años de cárcel.
A las menores de 16 años se les dijo que los padres de sus hijos
podrían ser detenidos por violación estatutaria.
La policía dijo que no perseguían las
relaciones sexuales entre menores, pero si este tipo de hechos salía
a la luz durante una investigación, tenían que investigarlas
independientemente de si una mujer decidía presentar una demanda
o no. No resulta sorprendente, pues, que se recabasen pocas pruebas. A
raíz de la publicidad que la prensa hizo de esta investigación,
diez mujeres dieron un paso adelante, pero más tarde cuatro de
ellas retiraron sus denuncias.
Durante algunos meses, los propios autores de ‘Cuerpo
y Alma’ fueron investigados por un posible delito de “difusión
de rumores falsos”, pero posteriormente estas investigaciones cesaron.
Durante su viaje a Eslovaquia en septiembre, Gil-Robles reiteró
a las autoridades que la publicación de los informes era una cuestión
de libertad de información, y no un delito criminal, pese a que
algunos médicos tuviesen la sensación de haber sido insultados.
Cuando el Ministerio de Interior anunció que no
había encontrado pruebas de esterilizaciones forzadas, Csaky dijo
que el gobierno estaba negando las averiguaciones de los 110 casos documentados
en ‘Cuerpo y Alma’. El CRR y el POLP emitieron inmediatamente un comunicado
de prensa en el que denunciaban lo que llamaron “acoso e intimidación”
a las víctimas, cosa que “destruye toda noción de credibilidad”
de las investigaciones del gobierno.
Durante la investigación criminal la policía
optó, al principio, por la designación de “genocidio”, bajo
la teoría de que se debía elegir el peor delito posible
hasta que pudiese ser renombrado una vez se recogiesen más pruebas.
Posteriormente cambiaron el nombre del delito a negligencia médica.
El Ministerio de Interior creó un equipo de cuatro personas, tres
de las cuales eran mujeres, pero alegaron que habían tenido dificultad
en contactar con gitanas. Al final, resultó que no les preguntaron
sobre las condiciones de sus esterilizaciones –citando regulaciones de
confidencialidad relativas a los historiales sanitarios.
Revisión de expedientes
El Ministerio de Sanidad hizo que varios expertos revisasen
los expedientes. Visitaron 12 hospitales y estudiaron 3.500 registros
médicos de esterilizaciones y 18.000 registros de cesáreas
de los últimos 10 años. Pero tampoco entrevistaron a las
pacientes, y los responsables de los hospitales se escondieron detrás
de leyes sobre la confidencialidad de los historiales de los pacientes.
El Ministerio descubrió que para las gitanas
las atenciones pre y post parto eran aún peores que para las demás
mujeres, pero aseguraron que esto no era culpa de las instituciones sanitarias,
sino del pobre nivel socioeconómico de las mujeres y su ignorancia
sobre temas sanitarios. Asimismo, concluyeron que las afirmaciones de
los doctores sobre las indicaciones médicas que daban antes de
realizar las esterilizaciones eran “plausibles”. Los médicos dijeron
a Gil-Robles que el hecho de que no se cumpliesen todos los requisitos
administrativos no significaba que las operaciones no se hiciesen “profesionalmente”.
Armonizar la legislación
En lugar de intentar buscar una inmediata solución
judicial, Gil-Robles aconsejó armonizar la legislación sanitaria
eslovaca con la Convención sobre Derechos Humanos y Biomedicina
del Consejo de Europa, estipulando el “libre y meditado consentimiento”
al objetivo y la naturaleza de cualquier intervención médica
y “sus consecuencias y riesgos”.
También insistió en el uso de formularios
estándar de consentimiento en las lenguas oficiales y las minoritarias,
en la educación de los derechos humanos para los profesores de
medicina y para el personal de los hospitales, en la enseñanza
de la diversidad cultural, y en la creación de un sistema de auxiliares
sanitarios en las comunidades gitanas. Gil-Robles reiteraba las afirmaciones
de las ONGs demostrando que se estaban realizando esterilizaciones a gitanas,
que firmaban su consentimiento después, y no antes, de las operaciones,
o incluso mientras daban a luz o estaban bajo el efecto de la anestesia.
La autora de “Cuerpo y Alma”, Barbara Bukovska, señaló
en un comunicado emitido el 28 de octubre que “los investigadores eslovacos
no habían ido al centro de la cuestión”. “La cuestión
es saber si estas mujeres habían recibido la información
necesaria cuando dieron su consentimiento. Que un médico pueda
mostrar la firma de una mujer no quiere decir que ésta no fuese
coaccionada o forzada a darla”.
Varios casos implicaban a menores que habían sido
sometidas a repetidas cesáreas. En la comunidad médica eslovaca,
como en el resto del mundo, existe la extendida creencia de que después
de una cesárea no se puede producir un parto natural, a pesar de
que ahora la práctica occidental ha desmentido esta noción.
Muchas mujeres han dado a luz a niños sin ningún peligro
y sin cesáreas, ya que los médicos, en lugar de hacer la
‘clásica’ incisión vertical, hacen una incisión transversal.
Gil-Robles observó que los médicos negaban
usar el procedimiento ‘clásico’, pero muchas mujeres presentaban
las cicatrices de esas operaciones. Esta práctica, por tanto, persistía,
a pesar que tanto los obstétricos de la capital, Bratislava, como
en los hospitales donde se realizan prácticas universitarias dijeron
que estas incisiones ya no son una práctica regular. La Organización
Mundial de la Salud todavía instruye a los médicos sobre
cómo realizar la incisión ‘clásica’ en casos concretos
donde se producen complicaciones o emergencias.
Aunque no había un programa gubernamental específico
que obligase a esterilizar a las gitanas, como pasaba en el antiguo gobierno
comunista, Gil-Robles vio que seguía existiendo la noción
de que las gitanas “tienen demasiados niños”, de forma que, esterilizándolas,
los médicos les hacían un favor a ellas y a la sociedad.
Las ONGs consideran que esta actitud está extendida y es racista.
Dicen que se discrimina a las gitanas de forma deliberada, ya que no reciben
suficiente atención antes del parto y, al dar a luz, se las relega
a unas condiciones muy por debajo de lo normal.
Los médicos alegaron que los hospitales no estaban
segregados, y que la arquitectura de las instalaciones hospitalarias no
permitían esta separación. Sin embargo, Zampas afirmó
que a los abogados que visitaron los hospitales para ver en qué
condiciones estaban se les enseñó “los lavabos para uso
de los romà”, describiendo la discriminación que ella y
su equipo pudieron apreciar. Gil-Robles también oyó relatos
que aseguraban que el personal hospitalario separaba a cierta gente, pero
el personal alegó que esta medida se tomaba porque “como en cualquier
grupo étnico, hay gente que es poco higiénica”.
Tácticas intimidatorias
El Consejo de Europa avisó que no estaba realizando
una investigación, pero Gil-Robles entrevistó a mujeres
y a miembros de ONGs y abogados, y habló con inspectores de Eslovaquia.
Planteó el uso de las tácticas intimidatorias
que bastaban para desacreditar la supuesta buena fe del gobierno en cuando
a la investigación. La comunidad romaní es víctima,
desde hace tiempo, de la desconfianza policial y los grupos pro-derechos
humanos han presentado acusaciones por abuso policial.
Se espera que próximamente este tema reciba más
atención, ya que Eslovaquia entrará formalmente en la Unión
Europa en mayo. “Si no estuviesen en el proceso de adhesión, creo
que ni siquiera habrían iniciado una investigación”, dijo
Zampas. No cree que disminuya la presión sobre Eslovaquia después
de mayo. |
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